QUIÉN DEBE RESPONDER POR LOS INCENDIOS DE LAS EMBARCACIONES EN LA RADA DE MANTA?

El incendio ocurrido en la rada del puerto de Manta no puede ser tratado como un simple accidente marítimo ni como una desgracia que deban soportar, en silencio, los armadores, pescadores y familias afectadas. Lo sucedido representa una tragedia económica, social e institucional que obliga a preguntar con firmeza: ¿quién debe responder por la destrucción de más de treinta embarcaciones en una zona portuaria que debía contar con planes, equipos y medios eficaces para prevenir y combatir un incendio de esta magnitud?

Los hechos conocidos son graves. El sábado 6 de junio de 2026 se registró un incendio en el sector de la rada del puerto de Manta, en el área pesquera artesanal vinculada a la Autoridad Portuaria de Manta. Las llamas se propagaron con rapidez entre embarcaciones pesqueras y lanchas, dejando decenas de naves destruidas, personas heridas, pérdidas millonarias y un duro golpe para la economía pesquera de Manabí. Según reportes públicos, el fuego habría iniciado en una embarcación identificada como “Jesús es mi Rey”, en circunstancias que deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Detrás de cada embarcación destruida hay familias, empleos, deudas, tripulaciones, proveedores, talleres, comerciantes y comunidades enteras que dependen de la actividad pesquera. No se quemaron solamente barcos: se quemó patrimonio productivo, se afectó trabajo honrado y se golpeó una de las bases económicas más importantes de Manta y Manabí.

Por supuesto, las investigaciones deberán determinar si existieron malas prácticas por parte de armadores, propietarios de embarcaciones, tripulantes, técnicos o personal de mantenimiento. Si se realizaron trabajos mecánicos, eléctricos, de soldadura o manipulación de combustible sin protocolos adecuados, sin permisos, sin extintores operativos o sin medidas mínimas de seguridad, deberán establecerse responsabilidades. Nadie puede quedar exento si actuó con negligencia, imprudencia o descuido.

Los dueños de embarcaciones también tienen obligaciones. Una nave que contiene combustible, aceites, motores, baterías, redes, fibra de vidrio y otros materiales inflamables no puede ser tratada como una bodega cualquiera. Deben existir protocolos de mantenimiento, planes de emergencia, capacitación básica de la tripulación y control estricto cuando se ejecutan trabajos de riesgo.

Pero limitar el análisis a la posible culpa de un armador, de un trabajador o de una embarcación específica sería una forma incompleta de mirar el problema. Una cosa es preguntarse cómo empezó el incendio y otra, mucho más importante, es preguntarse por qué el fuego pudo propagarse hasta destruir más de treinta embarcaciones en una zona portuaria bajo control institucional.

Ahí aparece la responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Manta.

La Autoridad Portuaria no puede ser vista como un simple observador del espacio marítimo-portuario. Si administra, organiza, regula, cobra, autoriza, permite o controla actividades dentro de su jurisdicción, también debe responder por la seguridad operativa del área. Una zona donde se concentran embarcaciones pesqueras, combustibles, motores, materiales inflamables y actividades de mantenimiento debe contar obligatoriamente con medidas de prevención, control y respuesta inmediata ante incendios.

La pregunta central es inevitable: ¿contaba la Autoridad Portuaria de Manta con una embarcación bombero, un remolcador equipado con sistema contra incendios, una lancha de respuesta rápida, brigadas marítimas entrenadas, hidrantes operativos, protocolos de separación entre naves, zonas seguras para trabajos de mantenimiento y un plan real de contención de incendios en la rada?

Si la respuesta es no, entonces estamos frente a una falla grave de planificación y prevención.

No basta con tener bomberos en tierra si el incendio ocurre en el agua. No basta con improvisar cuando las llamas ya se extendieron. Una rada portuaria con alta concentración de embarcaciones requiere medios marítimos de respuesta inmediata. En puertos organizados, esta clase de riesgo no se enfrenta con buena voluntad, sino con equipos especializados, personal entrenado, protocolos obligatorios y capacidad operativa disponible.

Por eso, aunque el incendio haya podido originarse en una embarcación privada, la Autoridad Portuaria debe responder si se demuestra que la falta de medios adecuados permitió que el daño se multiplicara. La responsabilidad no se limita al origen del fuego; también alcanza a la falta de prevención, a la ausencia de control y a la incapacidad de reacción oportuna.

También debe analizarse el papel de la Capitanía del Puerto de Manta.

La Capitanía, como autoridad marítima local, tiene competencias vinculadas al control, seguridad, ordenamiento y supervisión de las actividades marítimas. Su responsabilidad no es necesariamente la misma que la de la Autoridad Portuaria, pero tampoco puede quedar reducida a un papel secundario. Debe ejercer control sobre las condiciones de seguridad de las embarcaciones, autorizar o fiscalizar determinadas actividades, exigir cumplimiento de normas marítimas, coordinar emergencias y velar por la seguridad en el espacio acuático.

Por ello, también corresponde preguntar: ¿existían controles efectivos sobre los trabajos de mantenimiento en embarcaciones ubicadas en la rada? ¿Se verificaban medidas contra incendios? ¿Había protocolos claros para separar embarcaciones en riesgo? ¿Se permitió que las naves permanecieran demasiado juntas sin medidas preventivas? ¿La Capitanía había advertido o exigido a la Autoridad Portuaria la necesidad de contar con medios marítimos contra incendios?

Estas preguntas no buscan atacar instituciones por atacar. Buscan que las instituciones respondan como corresponde cuando ocurre una tragedia de esta magnitud. Porque si la Autoridad Portuaria administra el área y la Capitanía ejerce autoridad marítima, ambas tienen un deber de prevención, control y coordinación. Y si ese deber falló, no pueden pretender que toda la pérdida recaiga exclusivamente sobre los pescadores afectados.

El Gobierno Nacional tampoco puede desentenderse. La pesca es parte fundamental de la economía manabita y nacional. Las familias afectadas no pueden quedar atrapadas en diagnósticos burocráticos o promesas vagas. Se necesita una respuesta económica concreta, urgente y proporcional al daño sufrido. No se trata de caridad; se trata de reparación frente a una tragedia ocurrida en un espacio sujeto a control público y cuya magnitud revela fallas serias de prevención.

El Estado debe levantar un censo técnico y transparente de las pérdidas, identificar a los perjudicados reales, determinar el valor de embarcaciones, motores, equipos, artes de pesca, ingresos dejados de percibir y deudas asociadas. Con esa información, debe activar mecanismos de compensación, créditos blandos, subsidios productivos, reposición de activos, alivio financiero y apoyo directo a las familias afectadas.

Pero la reparación económica no es suficiente. También deben adoptarse medidas estructurales para que una desgracia así no vuelva a repetirse. Manta necesita, de manera urgente, un sistema integral de prevención y combate de incendios en su rada y zonas portuarias pesqueras. Eso incluye una embarcación bombero o remolcador equipado, protocolos estrictos para trabajos de mantenimiento, zonas separadas para actividades de riesgo, inspecciones permanentes, capacitación obligatoria, simulacros, control de combustibles, equipos contra incendios en cada nave y coordinación real entre Autoridad Portuaria, Capitanía, Bomberos, Gestión de Riesgos, Municipio y Gobierno Nacional.

Una ciudad portuaria como Manta no puede seguir actuando después de la tragedia. Debe anticiparse. Debe planificar. Debe prevenir. Debe estar preparada. La falta de planificación también destruye patrimonio, empobrece familias y pone en riesgo vidas humanas.

Por eso, los gremios pesqueros, armadores, trabajadores del mar, comerciantes, cámaras productivas, organizaciones ciudadanas y la ciudadanía manabita deben elevar su reclamo con unidad y firmeza. No se trata de buscar culpables por presión mediática, sino de exigir responsabilidades reales, reparación económica y reformas profundas. La investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias: determinar cómo empezó el incendio, por qué se propagó tan rápido, qué instituciones fallaron, qué equipos faltaron, qué protocolos no existían y quién debía haberlos implementado.

Manta y Manabí no pueden aceptar que esta tragedia quede reducida a una noticia de pocos días. Hay familias que perdieron su herramienta de trabajo. Hay pescadores que perdieron años de esfuerzo. Hay empleos en riesgo. Hay una economía local golpeada.

Por eso, el reclamo debe mantenerse vivo. Los gremios del sector pesquero y la ciudadanía deben organizarse, documentar las pérdidas, exigir informes públicos, pedir comparecencias, impulsar acciones legales si corresponde y demandar al Gobierno Nacional una reparación económica justa. No deben descansar ni desmayar hasta que se establezcan responsabilidades y se adopten medidas definitivas para que nunca más una emergencia de esta naturaleza encuentre a Manta sin los medios adecuados para responder.

La seguridad portuaria no es un lujo; es una obligación. La prevención no es un gasto; es una inversión para proteger vidas, trabajo y patrimonio. Y cuando esa prevención falla, quienes tenían el deber de garantizarla deben responder.

Hoy la pregunta no es solo quién encendió la primera chispa. La verdadera pregunta es quién permitió que esa chispa se convirtiera en una catástrofe.